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Publicado el viernes 7 de diciembre de 2018

España adapta la directiva PSD2 sobre servicios de pago

La PSD2 es una nueva Directiva de la Unión Europea sobre Servicios de Pagos, reglamentación que la Comisión Europea implantó a comienzos de este año, aunque para que esté plenamente operativa en España era necesario que se realizase su transposición a la normativa española. El Decreto aprobado por el Gobierno el pasado 23 de noviembre traslada a nuestro ordenamiento jurídico las nuevas reglas de juego puestas en marcha por Europa.

Servicios que se regulan

En este sentido, la UE señala que las razones para poner en marcha esta batería de medidas se deben a la aparición de nuevas tecnologías y la proliferación de entidades de servicios de pago, incluidas las grandes compañías tecnológicas, que han hecho necesario reformar la regulación.

En la transposición de la legislación europea a nuestro ordenamiento jurídico el Gobierno ha tenido en cuenta los siguientes factores principales:

  • Mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, que puedan realizar transacciones más seguras y que puedan acceder a una oferta creciente de servicios innovadores.
  • Mejorar la eficacia supervisora para garantizar la protección de los inversores y la integridad de los mercados, otorgándole al supervisor los poderes necesarios para sancionar y perseguir conductas relevantes relacionadas con la manipulación del mercado, la venta de determinados productos especialmente complejos o la manipulación de índices.
  • Incrementar la eficacia de la supervisión en solvencia al crear un canal de denuncias anónimas y mejorar la cooperación con otros supervisores;
  • Incrementar la protección del inversor al definir los poderes supervisores que deban tener los supervisores, a fomentar la innovación, y a una mayor competitividad de nuestro sector frente a los socios europeos.

Por ejemplo, la norma PSD2 afecta a los servicios de información sobre cuentas, los llamados agregadores de cuentas, mediante los cuales se permiten a los clientes de las entidades que los presten acceder a todas sus cuentas bancarias a través de una única plataforma. También se ven afectados los iniciadores de pago, herramientas que permiten las empresas que los prestan ofrecer a la tiendas online la seguridad de que la orden de pago ha sido realizada por el cliente, de forma que la tienda pueda realizar la entrega o prestar el servicio sin dilación desde ese mismo momento, ofreciendo al comercio electrónico mayor seguridad sobre el cobro. Además el Real Decreto sobre la directiva PSD2 prohíbe cobrar a los clientes por el uso de medios de pago que se acepten, aunque se permite promocionar el uso de unos  frente a otros ofreciendo descuentos o ventajas.