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Publicado el viernes 19 de diciembre de 2014

La corresponsabilidad en la búsqueda de empleo y la ayuda para parados de larga duración, claves del acuerdo entre Gobierno y agentes sociales

El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al Real Decreto que refleja el acuerdo que Gobierno y los agentes sociales firmaron recientemente. Este acuerdo contempla que los parados de larga duración que ya no perciben ninguna prestación tengan acceso a una ayuda de 426 euros, importe equivalente al 80% del indicador público de rentas múltiples (IPREM). Esta cantidad de dinero podrá ser recibida por los beneficiarios durante seis meses, como máximo. Te explicamos a continuación los aspectos más importantes de este plan que, en principio, extenderá su vigencia hasta el mes de abril de 2016.

La ayuda pueden pedirla los desempleados con al menos un familiar a su cargo que, en el momento de la solicitud, lleven más de un año inscritos en las oficinas públicas de empleo y que hayan dejado de percibir con seis meses de antelación cualquier otra prestación o subsidio. Se fija como límite para acceder a este programa el registro como demandantes de empleo antes de la fecha del 1 de diciembre de 2014. Otro requisito exigido es que el solicitante deberá acreditar la realización de una búsqueda activa de trabajo.

No podrán optar a la ayuda los que no hayan tenido un empleo antes de inscribirse como parado, ni los que tengan en la familia algún miembro que tenga rentas que superen el 75% del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, sí podrá compatibilizarse la ayuda con una remuneración, si se encuentra un trabajo después de haberla obtenido. Del salario se descontaría el correspondiente a la ayuda, con lo que se reparte el coste laboral entre la empresa y la Administración.

Además de la ayuda económica, el programa tiene como objetivo facilitar la inserción laboral del colectivo al que va destinado. Para ello, se prevé un seguimiento personalizado para cada desempleado con orientación laboral, elaboración de un perfil profesional y control del cumplimiento de las acciones que se le propongan en el marco de la búsqueda activa de empleo, como formación o aceptación de ofertas. Este es el compromiso que adquirirá el beneficiario, en el marco de la responsabilidad compartida de la que se habla en el acuerdo, que se estima que podría beneficiar a aproximadamente 450.000 desempleados.