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Publicado el jueves 21 de diciembre de 2017

Algunas claves del nuevo marco normativo para inversiones y mercados financieros: MiFID II y MiFIR, desde el 3 de enero

En unos días, en concreto el 3 de enero próximo, comienza la aplicación de un nuevo marco normativo para mercados e instrumentos financieros. Las dos normas básicas son la Directiva 2014/65/EU, conocida como MiFID II, y el reglamento MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation-Reglamento UE 600/2014), y afectan a cualquier entidad que produzca o comercialice productos y servicios de inversión.

MiFID II supone una segunda fase de la inicial MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), puesta en marcha en 2007, que pretendía establecer una regulación común en un mercado único europeo de servicios financieros con el objetivo de mejorar la transparencia y la seguridad en la contratación de los servicios financieros.

Entre otros aspectos, MiFID II incluye avances en las reglas que regulan las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y mercados regulados, así como normas de conducta para reforzar la protección del inversor.

En este sentido, se exigirá que los empleados que presten asesoramiento o comercialicen productos financieros tengan los conocimientos adecuados (deberán ser acreditados). También se debe especificar, en la relación cliente-entidad, cuándo se está vendiendo un producto o cuándo se está asesorando, pudiendo repercutir un coste sobre esta última actividad, de forma totalmente transparente, si el asesoramiento es de tipo independiente. De igual forma, quedan restringidos los incentivos o cobros de comisiones de terceros si el asesoramiento no es del tipo independiente.

Para los inversores, se prevé un test de idoneidad más amplio que el realizado hasta ahora, con el fin de que las recomendaciones de inversión se ajusten al perfil de riesgo del cliente. Las entidades determinarán también a qué tipo de clientes ofrecen cada producto, y deberán realizar una completa información previa a la contratación, sobre características, riesgo y gastos, y posterior, sobre la marcha del producto de inversión y otros costes periódicos.

En definitiva, se pretende con esta normativa reforzar la confianza en las inversiones financieras con más transparencia y control.